Perito de la Corte Interamericana de DDHH

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El 4 de abril de 2017 fui designado como Perito del Alto Tribunal a propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Maria Eugenia Villaseñor contra el Estado de Guatemala”. Este caso ofrece la primera oportunidad para que la Corte analice, en forma específica, las obligaciones estatales de proteger a jueces y juezas de amenazas, hostigamientos, presiones indebidas, particularmente cuando investigan casos de graves violaciones de derechos humanos. Es decir, es la oportunidad de darle efecto práctico a lo que siempre se identifica como el deber de ofrecer “garantías contra presiones externas” como componente esencial del principio de independencia judicial.

Ya con anterioridad, en 2013, intervine como perito de la Corte en el caso “Miguel Camba Campos y otros Vocales del Tribunal Constitucional contra el Estado de Ecuador”. Mi presentación estuvo referida a las garantías del debido proceso durante la tramitación de los juicios políticos, los alcances de la revisión política de la actuación judicial –fundamentalmente, con respecto a las causales de remoción de jueces– y la obligación de los Estados de garantizar los recursos judiciales para que los magistrados puedan cuestionar la legalidad de los procedimientos de destitución o remoción.

En 2014, actué como perito de la Corte en el caso “López Lone y otros contra el Estado de Honduras” a raíz de los procesos disciplinarios aplicados a cuatro magistrados en el contexto del golpe de Estado ocurrido en Honduras en junio de 2009.

En estos dos últimos casos los pronunciamientos del Alto Tribunal se situaron en el ámbito de las garantías del debido proceso para impedir la destitución arbitraria de jueces y juezas. El caso actual se trata de una secuencia prolongada de amenazas, agresiones, hostigamientos e intimidación sufridas por María Eugenia Villaseñor en su calidad de jueza en Guatemala. La víctima participó en múltiples procesos judiciales entre los años 1991 y 2012, algunos de los cuales tuvieron impacto a nivel nacional e internacional, como el de Myrna Mack Chang, decidido por la Corte Interamericana. Este caso tiene cierta similitud con el caso de Marie-Thérèse Nlandu Mpolo Nene sobre el cual me ocupé en una visita como Relator Especial a la República Democrática del Congo. La descubrí en una cárcel de Kinshasa, la capital, y realicé múltiples gestiones ante las autoridades del país pidiendo su liberación y ante el fiscal general para que no solicitara la pena de muerte. Finalmente, se le aplicó una pena de 20 años de prisión y, más tarde, gracias a la presión internacional, fue liberada sin que ninguna acusación resultase fundada.

Mi tarea actual ante la Corte obedece también a mi expertise en materia de Derechos Humanos, al desempañarme como como Relator Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados (2003-2009), trabajo por el que se me otorgó el reconocimiento “Justicia en el Mundo”.