El lesivo peso de la deuda externa

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29 de julio de 2014
www.leandrodespouy.com

Por Leandro Despouy

El Estado argentino y su señoría Thomas Griesa, juez de la causa, están obligados a aplicar y respetar todas las reglas del derecho así como el conjunto de principios internacionales que regulan la relación entre los Estados soberanos con sus acreedores y deudores.

Habida cuenta de que el país está sujeto a compromisos económicos y financieros jurídicamente vinculantes y previamente asumidos (que además ha cumplido con rigurosidad), nadie ni nada, menos aún una sentencia que se pretenda ajustada a derecho, pueden alterarlos o desconocerlos.[1]

Luego de una crisis devastadora como la que culminó en 2001-2002 y a pesar de las condiciones de extrema vulnerabilidad en que se encontraba su economía y el sistema financiero, la Argentina logró regularizar el 92,4% del stock de su deuda en títulos públicos bajo los mismos principios jurídicos cuya aplicación hoy reclama. El Estado obró de buena fe y honró la deuda, no obstante su volumen (USD 102.500 millones), con puntualidad y regularmente. Se trata de una de las experiencias de reestructuración de deuda más significativas y ha servido de precedente a muchas otras en la actualidad.

Dicha reestructuración cuenta además con la aprobación del Congreso de la Nación, que le impuso una cláusula cerrojo[2] según la cual el Ejecutivo no puede suscribir negociaciones que impliquen condiciones superiores a las pactadas y autorizadas en 2005 y 2010. Se trata de un condicionante de relevancia cuyo propósito es contener, moderar, las apetencias desmedidas de los acreedores y en última instancia evitar negociaciones lesivas al interés nacional.

La Auditoría General de la Nación (AGN) es el órgano constitucional encargado de supervisar, entre otros, los aspectos relevantes de la deuda pública (CN, art. 85) y anualmente eleva al Congreso un informe detallado donde examina la razonabilidad de los registros financieros, el cumplimiento presupuestario y normativo y realiza auditorías y estudios especiales sobre las contingencias, la capacidad de pago, la sustentabilidad y los programas y proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito.

En tanto Entidad Fiscalizadora Superior, la AGN se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la deuda pública argentina en forma crítica, al extremo de que  sus informes sobre los canjes de deuda de 2000 y 2001 fueron enviados a la Justicia penal debido a las condiciones desfavorables para el país en que tuvieron lugar.

Como lo hace habitualmente, por mandato constitucional, la AGN se expedirá sobre el resultado de las negociones en curso (para los títulos de la deuda pública elegibles para el canje dispuesto por el Decreto 1735/04 que no se presentaron) y se habrá de pronunciar sobre el comportamiento de los actores, con énfasis en su apego a las reglas del derecho y a los principios internacionales que regulan los procesos de restructuración de deuda y las directivas de Naciones Unidas contenidas en los principios consolidados sobre otorgamiento y toma responsable de préstamos soberanos.[3]

Dadas estas consideraciones, sumadas a las razones de orden legal y constitucional que establecen la necesaria intervención de la AGN en la materia, entendemos oportuno e impostergable señalar que aplicaremos también este criterio en oportunidad de nuestro dictamen sobre las negociaciones en curso y las limitantes internas y externas que los negociadores deben forzosamente atender y que se desprenden del derecho nacional, de los compromisos asumidos en otras jurisdicciones, de la práctica internacional y de las normas y directivas de alcance universal establecidas por Naciones Unidas.

En aplicación de estos principios de alcance universal en los que se sustentan los procesos de reestructuración de la deuda actualmente y que la comunidad internacional quiere preservar, señalamos, en tanto Entidad Fiscalizadora Superior de la Argentina, la imperiosa necesidad de restablecer, sea por vía cautelar, sea por otra garantía procesal o paraguas legal[4], las condiciones jurídicas básicas que posibiliten a nuestro país cumplir adecuadamente con el fallo impuesto por su señoría Thomas Griesa, evitando nuevas instancias judiciales por la cláusula RUFO, y en condiciones que le permitan continuar pagando a sus acreedores en forma regular y puntual, como lo ha hecho hasta la fecha.

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[*] Presidente de la AGN desde el 2002 hasta la fecha. Durante este período la AGN ha producido más de 2900 informes de los cuales un porcentaje significativo están referidos al control de la Deuda Pública.

[1] Nos referimos a las condiciones y cláusulas pactadas entre el Estado Argentino y los prestamistas (conocidas por el propio juez de la causa).

[2] Quedando vigente a partir de 2013 sólo lo cláusula RUFO.

[3] La situación es de tal gravedad que varios órganos y agencias del sistema de Naciones Unidas han adoptado principios específicos tendientes a evitar comportamientos abusivos por parte de los prestamistas durante los procesos de negociación de deuda soberana: UNCTAD y Consejo de Derechos Humanos, entre otros.

[4] Sin dejar ninguna incógnita, sobre todo en materia de litigiosidad, habida cuenta que próximamente se produce el vencimiento de la cláusula RUFO.