La Anses estafa a sus beneficiarios

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7 de febrero de 2014
Diario La Nación

Por Leandro Despouy

Traicionando su función previsional, la Anses se ha transformado en un agente financiero del Estado en momentos en que las reservas del Banco Central disminuyen diariamente y el capital financiero vuelve a adquirir un notorio predominio, capaz de alentar una peligrosa espiral inflacionaria y especulativa, cuyo blanco principal sea el patrimonio de los jubilados.

En más de 60 informes, la Auditoría General de la Nación (AGN) destacó aspectos críticos de la gestión de la Anses, particularmente aquellas medidas que ponen en riesgo los activos de su propiedad. En la actualidad, despierta preocupación y alarma la venta de bonos nominados en dólares de su cartera de inversiones con la finalidad explícita de regular y contener el valor del dólar paralelo. Se trata de medidas de gobierno que acrecientan en forma notoria la descapitalización de este patrimonio público, asignado por ley en forma exclusiva y excluyente al sistema de la seguridad social, y que comprometen gravemente su solvencia futura.

En los últimos tiempos, la Anses ha intervenido frecuentemente en el mercado de valores para desprenderse de títulos públicos, por debajo de su valor de mercado y sin limitaciones. Se trata de operaciones bursátiles de gran envergadura que no han obtenido el resultado declarado -contener el dólar paralelo-, aunque visiblemente han entrañado serias consecuencias sobre su patrimonio. Debemos tener presente que la implementación de la política monetaria es incumbencia del Banco Central y no de la Anses.

Se incurre con ello en un grave apartamiento de la función propia del organismo y de los criterios de seguridad y rentabilidad exigidos por la legislación vigente para administrar el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuyos recursos en su totalidad debieran ser utilizados únicamente para efectuar pagos a los beneficiarios del sistema previsional. Su administración no ha sido confiada solamente a la Anses, sino a una más alta responsabilidad estatal, que representan en un Comité Ejecutivo los secretarios de Hacienda, de Finanzas y de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación, quienes son corresponsables de la gestión y tienen a su cargo, además, elaborar un plan de inversiones e informar periódicamente de sus resultados.

El sistema previsional debe entenderse como un bien público cuya correcta administración reviste absoluta prioridad para el Estado. Así lo disponen las leyes 26.222 y 26.425, y el decreto 897/07 de creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como un fondo de reserva con objeto de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional, atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del sistema para preservar la cuantía de las prestaciones previsionales y atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales, como acontece en la actualidad. Cabe preguntarnos cuánto perdieron en pocos días nuestros jubilados con la liquidación de bonos dolarizados de la Anses.

La solvencia del sistema de seguridad social es un tema clave en el escenario público, donde se agitan los apremios del presente y las expectativas del futuro para la mayoría de la sociedad, por el alto impacto social y las repercusiones concretas que se extienden a las personas y las familias. Por ello resulta inadmisible todo comportamiento del Estado que pueda acarrear debilidades importantes en la función primaria del sistema previsional: garantizar un digno sostenimiento económico de la clase pasiva, actual y futura.

Desde la AGN se han censurado aspectos centrales vinculados a la sustentabilidad del régimen previsional en una perspectiva de mediano y largo plazo. También se ha cuestionado la utilización de fondos de la Anses para otros destinos ajenos al sistema previsional, incluyendo gastos corrientes del Estado nacional. Asimismo, la actitud contumaz del Estado frente a los reclamos reiterados de actualización de los haberes, a pesar de los fallos condenatorios y compromisos internacionales de no apelar las sentencias, ha incrementado de manera exponencial la litigiosidad del Estado en detrimento de los legítimos beneficiarios del sistema.

Dadas las notorias falencias detectadas en el balance de la Anses, la AGN no ha podido expedir dictámenes favorables sobre la ejecución presupuestaria, en la mayoría de sus ejercicios. Se ha comprobado además la ausencia de un sistema de información integral sobre las operaciones de mercado, registro y administración de su cartera de inversiones.

Un estudio de sustentabilidad realizado para establecer posibles escenarios futuros comprobó que la Anses no ha efectuado un análisis actuarial que le permita contar con elementos de juicio válidos o hacer proyecciones a mediano y largo plazo sobre la solvencia del sistema. De allí se desprende que las decisiones de corto plazo -financieras o de inversión- carecen de soporte. El estudio indica que durante la próxima década la Anses y el régimen previsional en su conjunto se verán comprometidos gravemente por el crecimiento de la deuda contingente derivada de los juicios y compromisos de pago a futuros jubilados y pensionados, y por la falta de previsión de recursos para atender esas erogaciones.

Además, la Anses no informa ni contabiliza la deuda que generan las futuras jubilaciones, y se limita a registrar los ingresos que percibe anualmente por aportes y contribuciones, sin tener en cuenta que se trata de fondos que recibe para su administración y futura devolución a los beneficiarios.

Por lo tanto, cada vez que se comprometen los recursos de la Anses para finalidades ajenas a las obligaciones previsionales se estafa a sus beneficiarios, que son los trabajadores aportantes y los jubilados actuales y futuros. Por supuesto, es necesario resolver el financiamiento estatal de algunas medidas y acciones de gobierno, pero por otros medios.

No resulta difícil advertir los efectos económicos y sociales negativos que genera la Anses cuando se desprende de bonos en dólares que pasan a manos privadas a cambio de pesos. Al tiempo que se aceleran las posibilidades de vaciamiento del sistema previsional, se incrementa el endeudamiento estatal, en un contexto de pérdida de reservas que se extiende con graves consecuencias para la economía y la sociedad.

Curiosamente, una medida que descapitaliza el patrimonio público de la Anses brinda a la vez una insólita oportunidad de especulación financiera a sectores sociales de altos ingresos, los únicos con acceso a sus cuestionables beneficios.

Con la práctica del Tesoro de extraer recursos de la Anses, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha pasado a transformarse en un depósito de deuda pública, donde se dejan papeles de menor o nula rentabilidad y se retiran fondos de recaudación que son haberes propios de los jubilados, para financiar otros gastos del Gobierno.

Tal como ha acontecido con otras operatorias ruinosas para la Anses -como los préstamos a tasas negativas por debajo de la inflación-, la venta de bonos en dólares profundiza la incertidumbre sobre la sustentabilidad futura del sistema previsional y compromete gravemente su integridad.

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