Hay que juzgar a los asesinos de Mugica

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18 de junio de 2014
Diario La Nación

Por Leandro Despouy 

Carlos Mugica es una de las figuras más emblemáticas del compromiso y la actividad de los sectores de la Iglesia Católica inscriptos en la Teología de la Liberación. Su prédica militante se expresó en la lucha contra la pobreza y la marginación social, lo que le valió el rechazo y la amenaza pública de grupos violentos, reaccionarios y fascistas. Prueba de esto fue su vil asesinato en condiciones de absoluta indefensión.

En este interminable debate histórico, que acaba de reabrirse a los 40 años de su muerte y nos mantiene en un eterno desacuerdo sobre el pasado, es explicable que surjan distintas teorías sobre sus vínculos políticos y sobre los autores o responsables del crimen. Pero lo que nadie puede negar es que el padre Mugica fue asesinado a plena luz del día, con toda la prepotencia con la que se conducía la Triple A, por un comando que dirigía el comisario Rodolfo Almirón, cuya función era la caza de guerrilleros, gremialistas, estudiantes combativos, opositores políticos, intelectuales progresistas, abogados defensores, todos públicamente elegidos y señalados por José López Rega, poderoso ministro de Bienestar Social desde 1973 hasta las postrimerías del gobierno de Isabel Perón.

Las evidencias y pruebas fehacientes de este crimen, y los nombres de sus autores, duermen con asombrosa tranquilidad en los más de setenta tomos que integran la causa penal contra la Triple A, iniciada en 1975 por el abogado Miguel Radrizzani Goñi, reabierta en 2007 luego de múltiples peticiones fundadas en la imprescriptibilidad de esos crímenes, y radicada desde hace años en el juzgado de Norberto Oyarbide. En esas ajadas y sombrías páginas hay centenares de testimonios, incidentes procesales, acumulación de expedientes, reiteradas y antiguas solicitudes de pronto despacho, etc., y sólo la quietud propia de la impunidad acompasa y decora los trazos más visibles de aquella fase dramática de nuestra historia.

Nada que no sea el propósito de sepultar los nombres, los móviles y el accionar de quienes protagonizaron aquellos siniestros e imborrables episodios explica esta silenciosa falta de resultados. Sólo la garantía de impunidad que confieren el silencio y la muerte pueden explicar semejante negación de la memoria. Porque si bien la mayoría de los asesinos integrantes de la banda criminal cuyos nombres figuran en la causa ya han muerto, como es el caso de Almirón -que llegó a ser extraditado pero no juzgado- todavía son muchos los imputados en ella. Están detenidos para ser juzgados por asociación ilícita en el juzgado de Servini de Cubría Jorge Héctor Conti, Norberto Cozzani, Carlos Alejandro Gustavo Villone, Julio José Yessi, Rubén Arturo Pascuzzi, ligados a este asesinato y a los de Julio Troxler y Rodolfo Ortega Peña.

Muchas de las víctimas hemos impulsado un pronunciamiento impostergable de la Justicia en la causa de la Triple A, antes de que el silencio devore nuestros propios rastros. Pero la pasividad parece inconmovible. Ante esto, resulta aún más trascendente la decisión de la Presidenta de erigir un monumento a Mugica. Ojalá esta conmemoración agite el letargo al que los estrados de Comodoro Py han condenado esta causa, que encierra uno de los capítulos más tétricos de nuestra historia y en los que acunó sus orígenes el terrorismo de Estado. Por eso, sería decisivo que la Secretaría de Derechos Humanos impulse la causa constituyéndose como querellante.

Cuando los asesinatos de la Triple A fueron declarados “crímenes de lesa humanidad” se agilizaron algunos procesos judiciales sobre hechos ocurridos antes del 24 de marzo del 76. Tal es el caso de los integrantes de la CNU en Mar del Plata, por el cual hay varios detenidos; entre otros, uno de sus principales protagonistas, Gustavo Demarchi, luego de haber sido extraditado de Colombia.

Estos hechos demuestran que si hay voluntad y decisión, las investigaciones prosperan, sobre todo si ellas se apoyan en el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de Estado y en la necesidad de reconstruir el pasado.

¿Qué nos impide juzgar a los asesinos de Mugica? ¿El temor a abrir las compuertas de un proceso político que muchos quieren suprimir? No se trata sólo de honrar la memoria. También hay que hacer justicia con la memoria.

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