El testimonio internacional frente a la última dictadura

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clarin

El 24 de marzo nos invita a pensar, no solo en el horror que entrañó     aquél golpe de Estado de 1976, sino también en la importancia decisiva que tuvo la solidaridad internacional en el restablecimiento de la democracia en nuestro país y en la región.

La presidencia del demócrata James Carter (1977-1981) marcó un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos. El 7 de marzo de 1977, el pastor Brady Tyson, delegado personal del presidente ante la  Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, pidió disculpas por la intervención norteamericana y el papel de la ITT en el derrocamiento del presidente chileno Salvador  Allende. Pero su política de shock contra las dictaduras no se detuvo allí. Prueba de ello, fue la designación de Patricia Derian como  Subsecretaria para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de su gobierno, que visitó tres veces la  Argentina durante la dictadura, y participó de las negociaciones que culminaron con  célebre visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

La bancarrota económica de la dictadura, provocada por el crecimiento de la deuda externa, obligó a Videla a permitir dicha misión, a cambio de que los  Estados Unidos votaran en favor de la Argentina en los organismos multilaterales de crédito. El solo anuncio de la visita de la CIDH en 1977 hizo que decayera la tortura en las mazmorras militares y que los presos recibieran un poco de  comida para que estuvieran  “presentables”. En esa misión, la OEA recibió más de cinco mil denuncias de violaciones de los derechos humanos.

Pero fue en el juicio a las Juntas Militares donde el apoyo de la comunidad internacional tuvo un valor crucial, a través de los testimonios de personalidades extranjeras. Derian declaró que “la Argentina estaba balcanizada en distritos comandados por militares y la Junta Militar había declarado unilateralmente una ‘guerra sucia’, aboliendo la Constitución y cometiendo crímenes contra la humanidad”. “Cuando Videla me dio la mano por primera vez, él temblaba como un pajarito asustado” dijo. Tom Farer, presidente de la CIDH, en su testimonio, se explayó sobre el contenido del lapidario informe del organismo (1980); afirmó haber visitado cementerios de inhumaciones clandestinas realizadas por personal de las Fuerzas Armadas y haber descubierto que la mayoría de los prisioneros a disposición del Poder Ejecutivo habían sido originalmente secuestrados y torturados.

Valiosos aportes de la presencia internacional en el Juicio a las Juntas, fueron   los testimonios conmovedores del periodista Robert Cox, de Theo van Boven, del gran jurista francés Louis Joinet, y del almirante Antoine Sanguinetti, ex jefe de la Armada francesa; este último, en su efusivo relato, dijo haber recibido en Francia la falsa confesión de su par argentino Emilio Massera inculpando a Videla del asesinato de las monjas francesas Léonie Duquet –vista por Graciela Daleo en la ESMA– y Alice Domon.

Como se recordará, los miembros de la Junta alegaban desconocer la suerte de los desaparecidos; estos y otros testimonios, más dos contenedores enviados desde Ginebra con denuncias presentadas ante la ONU –que debieron ser fuertemente custodiados por el diplomático Sergio Cerdá, ya que se temía que no llegaran a Buenos Aires– fueron pruebas decisivas para acreditar que los militares estaban al corriente del plan sistemático de exterminio ejecutado en la Argentina y en la región, a través del Operativo Cóndor.

Quienes tuvimos la responsabilidad de convocar a los testigos extranjeros destacamos el valor trascendental que tuvieron sus testimonios, y recordamos vivamente las circunstancias un tanto complejas en que se desarrollaron. La defensa de los militares imputados criticó con dureza esta convocatoria, alegando parcialidad del Gobierno argentino en el marco de una  campaña de desprestigio hacia las Fuerzas Armadas.  Inquirían de manera insistente sobre las circunstancias en que los testigos habían llegado al país, dando un enorme valor a que se  revelara el origen de sus gastos de traslado. La verdad es que fueron cubiertos con fondos reservados del Ministerio de Interior, cuyo titular era Antonio Tróccoli. Juzgar a las Juntas fue mucho más difícil que lo que algunos historiadores relatan, y como lo hacen aquellos que pretenden  devaluar el papel decisivo y ejemplar del fiscal Julio Strassera, curiosamente denostado por personas que no tuvieron participación alguna en aquel histórico proceso. La Justicia condenó a los señores de la muerte, y lo hizo en estricta aplicación de las reglas del Estado de Derecho.

Fue un modelo para el mundo y el principio del fin de las dictaduras del Cono Sur. La diplomacia de derechos humanos del presidente Alfonsín derribó los portones de la impunidad y abrió las puertas a una nueva era, no solo en nuestro país sino en el mundo.

Aquellos testimonios reflejaron el apoyo de la comunidad internacional a nuestro proceso democrático y a la decisión del gobierno del presidente Alfonsín de vincular la democracia con la vigencia de los derechos humanos, en un momento en que América Latina estaba dominada por dictaduras militares. Nuestra democracia germinó en un país signado durante décadas por el desencuentro y la violencia política, y luego se expandió a toda la región. Fuimos los primeros que, sin saberlo, abrimos el camino que siguieron más tarde nuestros vecinos Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil.

Leandro Despouy fue presidente de la Auditoría General de la Nación y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

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