El nuevo blanqueo de divisas es un manto de protección a la impunidad

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El  Congreso de la Nación se apresta a sancionar un nuevo “blanqueo de divisas”  a solo cuatro años de  la anterior amnistía, sancionada en esta misma gestión de gobierno por la Ley 26476.

Esta iniciativa oficial consagra una arquitectura jurídica  extremadamente abierta despertando una seria preocupación en el plano interno e internacional, aún mayor que la que generara su antecesora, que ya vulneraba los compromisos que la Nación tenía con los grupos intergubernamentales (GAFI y G20) a los que oportunamente se asoció.

Por una parte, se premia de manera  excesiva a los incumplidores de sus obligaciones fiscales, que no tendrán que  pagar  nada para exteriorizar sus fondos y hasta podrán percibir rentas de los títulos emitidos.

La falta de políticas de Estado – en el caso la inexistencia de política criminal y fiscal-,  determina que un día el objetivo declamado resulte ser : ”Traje a rayas a los evasores” y a poco de gritarlo a voz en cuello, se firme un  proyecto que los exime de cualquier consecuencia de su accionar ilícito. Ahora se decide también que incorporemos a la evasión como delito precedente del lavado y que pretendamos – absurdamente – que se trata de un ilícito más grave que el narcotráfico o el terrorismo, para que luego por las complicaciones de “caja” el Estado acepte ese grave delito como financiador de sus desfasajes.

Nunca  resulta gratuito un blanqueo . Es   inmoral  e injusto, quiebra abruptamente  el  principio de equidad fiscal, alienta  la deserción y la inconducta impositiva, lastimando a quien siempre cumplió con sus obligaciones. ¿Para qué cumplir con impuestos que por añadidura son confiscatorios si en cuanto las necesidades económicas o políticas de quienes gobiernan lo justifique,  habrá un nuevo blanqueo?

Mientras tanto,  la  mayoría de los  asalariados y muchos jubilados  son constreñidos al pago de  impuestos ineludibles sobre sus ingresos a los que mal llaman “ganancias” para justificar el despojo,  y los consumos de todos  los argentinos se mantienen   gravados con una de las más altas tasas de valor agregado, sin contar con el más regresivo de los impuestos que  resulta ser el impuesto inflacionario. Otra vez se beneficia al infractor y esa mengua a los pagos que este debería realizar,  resulta  compensada por más presión impositiva sobre los que cumplen con la ley.

Por añadidura, no se han establecido con claridad los límites de esta nueva ley, por lo  que podrá beneficiar no solamente a evasores impositivos, pues permite exteriorizar divisas procedentes de cualquier origen, mediante una simple declaración jurada (art. 14). Quien financia terrorismo o comercia con drogas, ¿ tendrá temor a mentir cuando jura pronunciarse verazmente?

No se requieren sin embargo otras medidas ni recaudos para definir  el origen del dinero y permitir el acceso a los beneficios del  blanqueo.  Todo resguardo brilla por su ausencia  esperando que  la reglamentación lo fije, lo que torna muy dudosa e improbable la exigencia. ¿Es olvido o mala intención? ¿se procuró abrir un portón aparentando que sólo se trata de una pequeña puerta?

Este  blanqueo podrá usarse no sólo por quienes incumplieron  sus  obligaciones tributarias, mas aún su tratamiento express es tan inoportuno que parece diseñado para confundir las investigaciones que pretenden averiguar si algunos dineros que detentan individuos señalados en actividades delictivas fueron ilícitamente extraídos de las arcas públicas. No se han fijado restricciones  a su  acogimiento por activos procedentes del terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico o la corrupción.

No estamos ante un hecho menor, un desliz inmoral de quienes procuran impunidad . Estamos dejando abierta la posibilidad de que quienes financian quehaceres terroristas puedan ingresar sus sucios dineros al circuito legal justo cuando se denuncia que existe no sólo en nuestro país sino en Latinoamérica una red de inteligencia montada por Irán para cometer actos terroristas. No sólo acordamos con ellos, les permitimos legalizar sus dineros.

Ademas se ha habilitado el blanqueo de dinero en efectivo y no existe  impedimento alguno que la  exteriorización resulte practicada no ya por los “dueños” de la divisa sino por  sus testaferros, lo que  confunde aún más  la verdadera procedencia de los activos.

La ley debiera asegurar, en cambio, la posibilidad de rastrear  el origen del dinero, con los criterios que imponen los controles más usuales de lavado de dinero, según estándares mínimos reconocidos internacionalmente.

Debe verificarse el cumplimiento de distintos mecanismos que implican compromisos internacionales en materia de lavado de activos y prevención de la corrupción, que fueron objeto de recomendaciones a nuestro país. Entre otros el control del transporte transfronterizo de dinero en efectivo y la creación de sociedades ficticias, según las Normas 22 y 25 del GAFI.

Tampoco podremos conocer la totalidad de los fondos que se incorporen al sistema una vez vencido el plazo de vigencia del blanqueo, que puede prorrogarse sin límites, en zona liberada para operaciones propias de un paraíso fiscal.

Nada se ha dispuesto para prevenir la emisión de instrumentos financieros sin respaldo, lo que puede comprometer la estabilidad financiera del país.

Hemos desistido del traje a rayas para los evasores, decidiendo  confeccionarles  un traje a medida, junto a  los corruptos , a los narco traficantes y por qué  no, a los terroristas, con  una  urdimbre legal, ambigua y difusa,  que parece pergeñada para proteger la impunidad.

Leandro Despouy.