“El Gobierno, responsable de incumplir compromisos”

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25 de enero de 2015
Diario Clarín

Debates: la muerte de Nisman.

Por Leandro Despouy

Pocos asesinatos como el del Fiscal Nisman, reflejan las múltiples facetas que reúne la impunidad y el asesinato político como recurso inexorable para perpetuarla. Durante mis seis años como relator especial de la ONU, sobre la independencia de la Justicia, nunca identifiqué en el mundo una situación de similares características, en la que el riesgo (peligro) no está dado solo en la gravedad de los hechos investigados, sino en las acciones que se han desarrollado para lograr impunidad.

El crimen del Fiscal Nisman, se asienta en dos atentados de enorme magnitud, el de la Embajada del Estado de Israel en 1992, y el de la AMIA en 1994. Ambos conmovieron al mundo, no sólo por su magnitud, sino por la opacidad con que el Estado argentino había emprendido las tareas de socorro y esclarecimiento de lo ocurrido, y peor aún, por lo que se comprobó más tarde la actitud deliberada con que los Servicios de Inteligencia habían obrado para apartar los elementos probatorios que permitieran reconstruir los hechos e identificar a los responsables en lo que finalmente se calificó como “encubrimiento” del atentado.

Como consecuencia de los infortunios por los que atraviesa hasta ahora la causa AMIA, el país se vio obligado a sumar a la investigación de estos hechos, una causa específica, en forma separada, tendiente a conocer los actores del encubrimiento, impulsores de la impunidad. De esto es precisamente de lo que se ocupaba Nisman, de promover todas aquellas acciones dirigidas a pesquisar las irregularidades cometidas durante la investigación del atentado a la AMIA (Decreto 229/06).

Tanto el informe elaborado por el Comisionado de la OEA, Claudio Grossman, que participó como observador del proceso oral y público durante todo el proceso de la causa AMIA y tal como lo reconoció el propio Kirchner en el Acta de entendimiento firmada el 5 de julio de 2005, el Estado Argentino fue responsable por la violación de los Derechos Humanos cometidas durante el atentado, por su incumplimiento en los deberes fundamentales de prevención, y por el encubrimiento de dichos ilícitos, al no haber llevado a cabo deliberadamente las tareas de investigación. De las múltiples medidas a las que se compromete el Gobierno argentino en el Acta de Entendimiento que se firma entre el Gobierno y la Comisión Interamericana cabe destacar el fortalecimiento de la unidad Fiscal del Ministerio Público, de las que se va a ocupar más tarde Nisman. Otro de los compromisos del Estado asumidos ante la OEA (2005), fue la depuración de los Servicios de Inteligencia. Lo cierto, es que de todos los compromisos asumidos en esa Acta, como solución amistosa, ninguno se cumplió. El único compromiso asumido que sí se cumplió, fue el fortalecimiento de la unidad fiscal, que en el 2006 se confió a Nisman, quien llevó a cabo una labor encomiable, orientando su vértice hacia la conexión iraní, impulsando los pedidos de captura y las alertas rojas que impedían a los funcionarios persas desplazarse por el mundo. De allí, el estupor y la sorpresa que generaron en la población y la comunidad internacional las reacciones del oficialismo, cuando Nisman anunció su decisión de presentar en la causa sobre el encubrimiento, la investigación llevada a cabo durante más de ocho años. No cabe duda, que las hostilidades que descargaron contra él, ante esta con decisión, alentaron la determinación de quienes apretaron el gatillo, para poner fin a la vida de quien había dedicado gran parte de ella a luchar contra la impunidad. Sin embargo, esta vez, ya todos estamos extenuados de soportar el peso agobiante de semejante perversión. Actuamos convencidos de que, ahora, solo a través de una respuesta contundente podremos frenar las trágicas consecuencias del vendaval, que finalmente origina la impunidad. Debemos confiar en la justicia y defender la democracia si no queremos correr el riesgo de que la historia se nos venga encima.

Leandro Despouy es jurista, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN).

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