El Control Público en YPF: la indebida exclusión de la AGN en la ley

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En este documento el presidente de la AGN plantea la necesidad de no apartar a YPF del control externo, que comprende a todo el Sector Público y Empresas del Estado conforme lo establecen la Constitución Nacional y las leyes que regulan el control.

Si el propósito de la nueva ley es restituir al Estado el control de los recursos naturales estratégicos, la recuperación de la soberanía energética exige también ejercer una soberanía del control para resguardar el interés nacional. En la región, las principales empresas petroleras con participación estatal– Petrobras, PDVSA, Pemex, Ecopetrol y Petroecuador– son auditadas por sus respectivos órganos de control público. No deberíamos repetir los errores, advertidos por los sucesivos informes de la AGN,  que –por abandono del Estado– condujeron a la crítica situación en que se encuentra el sector energético.

La energía, en las diversas formas en que es consumida –energía eléctrica, combustibles refinados derivados del petróleo, gas natural, entre otras–, constituye un insumo básico del desarrollo económico y social de una sociedad.  No hay progreso económico ni social que no se base en un consumo creciente de energía; por eso, gobiernos del mundo moderno consideran a la energía una cuestión vital y estratégica. No es posible imaginar un Estado ausente y desinformado en este sector.

Tanto la exposición de motivos del decreto de la Intervención a YPF como la ley de expropiación contienen elementos de juicio que justifican una activa presencia de la AGN en el control del accionar de YPF. Por ejemplo, algunos considerandos del decreto fundamentan la fuerte participación del Estado en el monitoreo  del accionar de la compañía. Se da por sentado que hay grandes problemas estructurales en el sector energético argentino y como conclusión de este conjunto de argumentos el propio Poder Ejecutivo postula que “para seguir avanzando por este camino, resulta central que el Estado tenga la capacidad y la potestad de controlar efectivamente la actividad del sector”.

Si bien una amplia mayoría parlamentaria acompañó la recuperación de YPF para el patrimonio nacional mediante la expropiación del  51% de su capital accionario, que estaba en poder de Repsol, se soslayaron algunas cuestiones claves y trascendentes, al calor del entusiasmo por dejar atrás las nefastas consecuencias del neoliberalismo de los años 90. Concretamente nos referimos a la ausencia de todo rastro de control público de la nueva empresa con mayoría estatal  y en particular a la renuencia del gobierno nacional a consentir  el control externo de  la Auditoría General de la Nación  (AGN).

El proyecto de ley fue rápidamente aprobado sin modificación alguna, pese a la insistencia de muchos sectores de la oposición que alentaron cambios sustantivos que apuntaban precisamente al logro de los objetivos que se proclamaban, pero que el proyecto oficial ponía seriamente en riesgo.

El artículo 15 de la ley recientemente sancionada dispone excluir a YPF del control externo de la AGN, al establecer que la nueva empresa  continuará operando como una sociedad anónima abierta, a la que no le serán aplicables “legislación o  normativa administrativa alguna  que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en que el estado Nacional o los estados Provinciales tengan participación”.

 Sorprendentemente,  este texto no difiere en nada del artículo 6 de la Ley 24.145, sancionada en 1992  para  privatizar YPF  bajo una dominante vocación desreguladora. ¿Por qué subsiste un criterio de deliberado descontrol en una empresa que pretende  devolver a lo público lo que el proceso de privatizaciones le había arrancado?

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