Despouy: “No debemos sesgar el relato histórico sobre los derechos humanos”

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“Si durante la crisis de 2001-2002 nuestro país no terminó con cuartelazos fue porque el diseño institucional que nació en 1983 permitió romper con una historia cíclica de golpes que interrumpían procesos democráticos”, aseguró Leandro Despouy en una jornada académica organizada por la Juventud Radical MORENA de la Provincia de Buenos Aires, la Red Federal y Franja Morada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) el jueves 12 de mayo.


Frente a un auditorio de jóvenes militantes y estudiantes de Derecho, Despouy expuso sobre la transición democrática: “Éramos un país de matriz fascista, nuestro sistema jurídico estaba contaminado por la censura, detenciones arbitrarias, estado de sitio, amnistías crónicas. Nunca en la Argentina se había juzgado un solo crimen de Estado; antes de irse, los militares dejaban como secuela un estandarte: su propia autoamnistía. Ésta era la regla histórica en nuestro país. Y el cambio que se produjo en 1983 fue único y decisivo porque sentó una democracia que hoy nos permite pasar crisis institucionales graves sin desembocar en golpes de Estado”.

Cuando asumió Alfonsín en 1983, el contexto regional estaba infestado de dictaduras: Stroessner en Paraguay, Pinochet en su mejor época en Chile. Para muchos, juzgar a los militares era una locura: “Cómo un presidente va a hipotecar esta posibilidad de apertura democrática para juzgar en un continente contaminado de dictaduras, era una irresponsabilidad; si los cómplices del golpe de Estado seguían vivos y habían hecho mucha plata, si el establishment, los diarios más importantes, los periodistas de renombre, la Iglesia, habían apoyado el golpe, cómo es posible que un irresponsable dijera que tiene la intención de juzgar”, preguntó Despouy.

“Sin embargo, Alfonsín impulsó las disposiciones de juzgamiento a los militares tal como lo había propuesto durante su campaña”.
Claro que para poder hacerlo, además de todas las dificultades de orden político, social, había que sortear las jurídicas, porque los militares antes de irse habían sancionado la Ley de Autoamnistía. Durante la campaña, recordó Despouy, “el peronismo, con el apoyo del sindicalismo, dijo públicamente que respetaría la Autoamnistía y llegó a un pacto con el Ejército: si ganaba el PJ, como todo el mundo suponía, esa ley se aplicaría”. Lo que se pretendía pactar era la impunidad. Y no sólo a partir de 1976 sino más atrás en el tiempo, para perdonar también los crímenes de la Triple A, puntualmente desde el 25 de mayo de 1973 hasta octubre de 1983.

“Es importante saber que en aquel momento no había tantos interesados en derogar esta ley, pero Alfonsín lo consiguió: se pudo juzgar a los militares y fue el primer juicio de esta índole en la historia, porque el mundo no registraba escenarios similares”, dijo Despouy. Y señaló el caso uruguayo: “En Uruguay con un presidente que estuvo 14 años preso,  recién se está planteando el dilema con respecto a la derogación de esa Ley, en cambio en nuestro país esa situación no está planteada, y estoy convencido de que es porque la Argentina juzgó, estableció una Comisión de la Verdad y llevó adelante la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad ya en los inicios de la democracia”.