Derechos humanos: el desafío actual es lograr la equidad

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10 de diciembre de 2001
Diario Clarín


En el Día Internacional de los Derechos Humanos, un análisis de los logros en el campo civil y político, y de las deudas en el aspecto social, económico y cultural.

Por Leandro Despouy.

Vista en perspectiva, la Declaración Universal de Derechos Humanos expresó una nueva concepción del mundo y de las relaciones entre los individuos y el Estado, y de éstos entre sí.

La posibilidad con que cuentan las personas en la actualidad para actuar como sujetos de derecho internacional representa una verdadera ruptura del pensamiento jurídico y político tradicional que sólo reservaba al Estado dicha capacidad y, al mismo tiempo, pone de relieve la dimensión ética que debe imperar en las relaciones internacionales.

En un mundo aún devastado por la guerra y en plena confrontación ideológica, el texto adoptado aquel 10 de diciembre de 1948 fue el pilar en que se asentó una vision distinta de lo humano y lo político, representando, a su vez, el renacer del humanismo. En este sentido, los derechos humanos han encarnado la revolución cultural más importante del siglo que dejamos y la Declaración Universal se cuenta entre las principales herencias que recibe el milenio que comienza. Su texto se ha ido transformando en una suerte de Carta Magna o Constitución universal.

Pero más allá de los progresos registrados en el ámbito normativo, es importante destacar que la mayoría de los instrumentos internacionales que se han adoptado durante los últimos cincuenta años disponen de sus respectivos órganos de control o supervisión, conformando así una verdadera pluralidad de mecanismos internacionales de tutela de los derechos humanos que lejos de excluirse se complementan y cuya función primordial es reforzar la protección que se les confiere en el ámbito interno.

Más aún, la complementariedad que se registra entre los órganos del sistema universal de las Naciones Unidas se verifica también con los distintos sistemas regionales de protección, que en algunos casos han alcanzado un nivel equivalente o superior al universal, como sucede con el sistema interamericano y europeo.

Un progreso también relevante ha sido el reconocimiento de los derechos llamados de la solidaridad, de los pueblos o de la tercera generación. Estos “nuevos derechos humanos” reflejan una peculiar concepción de la vida en comunidad. Sólo pueden adquirir existencia real mediante los esfuerzos conjuntos de todos los componentes de la sociedad: individuos, ONG, Estado, entidades públicas y privadas, como ocurre, entre otros, con el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho al patrimonio común de la humanidad, el derecho al desarrollo.

Otro campo en el que se ha registrado un desarrollo notable es el de laregulación jurídica de la violencia. En él, las normas de derechos humanos se yuxtaponen y se funden con el Derecho Humanitario, con el objeto de reforzar la protección de los individuos y de las poblaciones en situaciones de crisis y, al mismo tiempo, contener la propagación de la violencia.

Los llamados “estados de excepción” ya no son, como lo fueron hasta hace dos décadas, el reino de lo arbitrario. Lejos de ello, los mecanismos de supervisión internacional también controlan el ejercicio racional de los “poderes de crisis” y la legalidad de las medidas adoptadas por los gobiernos bajo ese tipo de circunstancias. La creación de los Tribunales para Ruanda y para la ex Yugoslavia, y en particular el futuro establecimiento de la Corte Penal Internacional, constituyen progresos significativos en esta dirección.

De esta manera y con el transcurso del tiempo, se ha ido consolidando en la conciencia de los pueblos la convicción de que el prestigio de un país no descansa solamente en la grandeza de su pasado ni en el poder de su economía, sino más bien en la forma en que sus habitantes disfrutan de los beneficios de la libertad y acceden plenamente al ejercicio del conjunto de los derechos humanos.

Pero los prodigios de esta evolución normativa se contraponen visiblemente con el mapa de severas violaciones que a diario se registran, y en particular con una situación como la actual, que ofrece un panorama tan sombrío como inquietante, tanto por el súbito recrudecimiento del terrorismo, la creciente proliferación de los conflictos, la forma en que éstos se desarrollan, como por el agravamiento de las condiciones socioeconómicas, que están gangrenando los cimientos en que se asientan las más importantes conquistas jurídicas y políticas.

En efecto, si observamos el contraste que presentan algunas regiones —como es el caso de América latina, Europa del Este, entre otras— donde se han producido importantes progresos en el ámbito institucional en los dos últimos decenios, pero al mismo tiempo se ha agravado considerablemente la situación socioeconómica de una gran parte de la población, estamos obligados a preguntarnos: ¿cuál es la verdadera salud de nuestras democracias? ¿Se respeta o no el conjunto de derechos humanos consagrados en la Declaración Universal? ¿En qué medida la privación de algunos de ellos no compromete a largo plazo la vigencia de todos?

La democracia a medias

Estos tres interrogantes resumen en gran medida una de las principales preocupaciones de la actualidad.

Varias regiones presentan, como la nuestra, la particularidad de haber pasado de una situación en la que la democracia era la excepción a un cuadro en el cual el autoritarismo fue retrocediendo, hasta casi desaparecer.

Pero la originalidad de estas transformaciones que cambiaron rápidamente el mapa político de nuestro continente estuvo dada, en lo esencial, por el papel preponderante que ocuparon los derechos humanos durante los distintos procesos de transición a la democracia que se iniciaron entonces. Se pensó, sobre todo al comienzo, que la democracia, por ser una conquista popular, abriría de inmediato los caminos de la prosperidad. La realidad demostró que no era exactamente así.

Bien pronto se comprobó que la crisis existente y largamente arrastrada, junto a las consecuencias de los ajustes económicos, tenían efectos sociales capaces de comprometer el éxito del sistema democrático y de las instituciones que lo conforman y expresan. Así por ejemplo, la intensificación de la pobreza y su extensión a sectores cada vez más amplios de nuestra población han entrañado un creciente proceso de exclusión y marginación social, que afecta en forma dramática el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y dificulta el ejercicio real del conjunto de los derechos humanos.

Curiosa y sugestiva coincidencia: en casi todas las regiones los derechos económicos, sociales y culturales registran un marcado retraso normativo. El mundo que se construyó desde los escombros de la Segunda Guerra Mundial parece haberse olvidado de la necesidad de conferir igual exigibilidad a las condiciones indispensables para alcanzar el bienestar.

La notoria disparidad que se verifica entre el alto grado de protección con que cuentan los derechos civiles y políticos —más de una cincuentena de convenios y tratados de alcance universal y regional se encuentran en vigor en esta materia— y la escasa tutela que se otorga a los derechos económicos, sociales y culturales a nivel internacional es la resultante directa del enfoque ideológico que contaminó el debate sobre los derechos humanos a lo largo de casi todo el período que abarcó la Guerra Fría.

Sin embargo, cualquiera sea la explicación histórica de dicho estancamiento, no cabe duda de que la superación de tamaña asimetría debe inscribirse entre los principales desafíos y metas de la actualidad. De lo contrario, difícilmente la humanidad estará en condiciones de frenar la acelerada espiral de exclusión que día a día ensancha su base y que define los contornos más sombríos y peligrosos del proceso de globalización en curso.

Al ingresar en el nuevo milenio debemos tener conciencia de que más allá de la consagración de los derechos resulta imperativo crear lascondiciones materiales y jurídicas que hagan posible su ejercicio.

Resulta claro entonces que avanzar en el terreno de la equidad y la igualdad —que son las únicas puertas de acceso al bienestar general— constituye en la actualidad el camino insustituible por el que deben transitar los distintos países de la región, si pretendemos consolidar nuestras conquistas democráticas, disfrutar de los beneficios de la libertad y crear las condiciones necesarias para un desarrollo humano perdurable.

Fuente

CLARIN-10DIC-DERECHOS-HUMANOS