Congreso Internacional sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

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Conferencia de Leandro Despouy

Congreso Internacional sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Realizado en Buenos Aires, 6 y 7 de junio de 2013.

Estoy muy contento de poder participar en este encuentro internacional y agradezco a la Defensora General de la Nación, doctora Stella Maris Martínez, esta invitación. En eventos precedentes hemos coincidido en  la necesidad de implementar mecanismos locales, nacionales, para concretar las visitas a las prisiones como dispositivos preventivos en la lucha contra la tortura, de manera que mi participación en este encuentro es, sobre todo, para desarrollar la creación del instrumento. Analizaré brevemente  las vicisitudes internacionales que marcaron el establecimiento de la normativa que consagra este mecanismo, así como el de la propia Convención Internacional contra la Tortura.

Ante todo, hablaremos de la Convención y luego del Protocolo Facultativo, aunque ambos fueron elaborados con la misma metodología con la que se dotó  Naciones Unidas para crear sus instrumentos, cuando se aprobaron la Convención contra el Genocidio y la Declaración Universal, ambas  el 10 de diciembre de 1948. Por ello, el 10 de diciembre se conmemora  el día de los Derechos Humanos

La Convención se redactó de la misma manera en que se había procedido con todos los convenios precedentes –en particular, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, elaborados a lo largo de diez años (1966-1976).  Primero, la ONU estableció un Grupo de Trabajo abierto encargado de elaborar la convención. Ello permitiría que participaran los Estados e incluso las ONG en su elaboración. Una vez que el Grupo de Trabajo adoptó una propuesta de convención, esta pasó a la Comisión de Derechos Humanos (hoy, Consejo de Derechos Humanos) y luego a la Asamblea General, que la aprobó en 1984.

Es importante ubicarnos en el contexto internacional en que se debatió este instrumento, que también demandó muchos años, pues entonces  América Latina era la región más refractaria a aprobar una convención contra la tortura, sobre todo a la posibilidad de considerar la tortura como un crimen internacional susceptible de ser sometido a extradición, o a que se plantearan cuestiones de fondo, como por ejemplo la imprescriptibilidad, o bien la obligatoriedad del juzgamiento o de la extradición, que eran prácticamente las consignas básicas del convenio, así como a que se estableciera un mecanismo concreto para verificar si efectivamente se cumplía o no con el tratado.

La Argentina fue el país que lideró ese carácter refractario; el que más argumentó en contra de la Convención, en nombre de todas las dictaduras del mundo. Si leyeran los trabajos preparatorios de lo que hizo  el embajador argentino en Ginebra en los años de la dictadura, verían  que defendió las tesis de la dictadura  para negar las desapariciones forzadas de personas, lo cual fue terrible –creo que con esta actitud se incurrió en una verdadera  –apología de la muerte–.  Fue en esas circunstancias históricas tan difíciles donde nos tocó emerger  como país democrático. Recuerden que  en 1983, cuando se inauguró el proceso democrático, aún estaban en nuestro subcontinente dictadores como Pinochet (que aún habría de perdurar más de diez años), Stroessner en el Paraguay, las dictaduras de  Uruguay, Brasil y Bolivia.

Solo si recordamos este contexto tan adverso y el rol protagónico que había jugado Argentina para impedir la adopción de una convención de esta naturaleza, podemos comprender la enorme repercusión del cambio de posición de Argentina cuando decidió apoyar la adopción de dicha Convención. Primero, porque sorprendió y desbarató las estrategias de los distintos países refractarios a la adopción de un instrumento tan vigoroso y segundo, porque cambió radicalmente la correlación de fuerzas internacionales, que finalmente permitieron su adopción.

El Grupo de Trabajo encargado de elaborar la Convención se reunía precisamente en diciembre de 1983 y la primera instrucción que dio Alfonsín en política exterior –el día en que asumió– fue precisamente que la Argentina cambiara de posición y apoyara la adopción  de la Convención contra la Tortura. Fue prodigioso, no solo porque hasta entonces la Argentina era el país que tenía el arsenal de argumentos más recios y falaces para oponerse a  la Convención sino porque ya en ese momento había un fuerte consenso internacional para adoptarla. De esta forma, se cayeron también los argumentos de las otras dictaduras e inmediatamente el Grupo de Trabajo pudo adoptarla. Luego lo hizo  la Comisión de Derechos Humanos en su sesión de febrero-marzo de 1984, lo que permitió que en diciembre de ese año la Asamblea General la adoptase.  Vale decir que pasamos de ser los fieles defensores del derecho a la destrucción de la integridad física y moral para transformarnos, por esta circunstancia histórica, en el país que permitió con su voto la adopción de la Convención.

Años más tarde, la Argentina ratificó la Convención  –junto con Filipinas, gobernada entonces por Corazón Aquino–. Digo esto porque ambos países fueron los que en menos tiempo ratificaron más convenios de protección de los derechos humanos. Esta impronta consistió precisamente en depositar toda su confianza en el resguardo que habría de conferirles a los derechos humanos el orden internacional. No olvidemos que está previsto en la propia Convención el establecimiento de un comité contra la tortura encargado de velar por  su estricta aplicación, y por la armonización entre los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, posibilitando la complementariedad tuitiva con los distintos organismos que cumplen esa función dentro de los sistemas regionales. Por ejemplo, entre la Convención Internacional contra la Tortura, la Convención Interamericana contra la Tortura y las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Recuerdo que en 1987, cuando tuvo lugar la primera reunión de los Estados partes de la Convención contra la Tortura, Suecia  –que había promovido y presidido las negociaciones que condujeron a su adopción– tenía el derecho, conferido por las prácticas diplomáticas, de presidir esa primera reunión, en la que además habrían de elegirse por votación los miembros del Comité contra la Tortura. Sin embargo, Suecia pidió que la presidiera la Argentina, invocando las profundas desventuras que habían vivido las incontables víctimas de las torturas en nuestro país y en mérito al impacto del cambio que había introducido nuestra naciente democracia en la adopción de la Convención. Estos hechos me transformaron en el primer presidente de los Estados partes de la Convención.

Me interesa contarles también otra de mis experiencias, vinculada precisamente al establecimiento del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Protocolo Facultativo a la Convención de la ONU, referido  a la visita a las prisiones como mecanismo preventivo de la tortura y al establecimiento de ciertos tipos de vigilancia en las cárceles, que es lo que nos convoca principalmente en esta oportunidad.

Adviertan ustedes que siempre hubo serias dificultades que postergaron por más de veinte años la adopción del Protocolo que regula las visitas a las cárceles. La Convención contra la Tortura antes de su adopción  las preveía de cierta manera, pero era tal el rechazo que terminamos diciendo: “Bueno, vamos a sacar el tema de las visitas y le vamos a pedir  al Comité contra la Tortura, encargado de examinar la aplicación de la Convención, que además de analizar los informes anuales de los Estados, acepte las querellas individuales e interestatales”.

De esta manera, el tema de las visitas se dejó momentáneamente de lado  para que ese debate  no postergara la adopción de la Convención; sin embargo, el Grupo de Trabajo tardó muchos años y complicados debates hasta adoptarla. Quisiera no ser percibido como autorreferencial, pero es precisamente el relato de las experiencias vividas lo que Stella Maris Martínez me ha pedido que haga. Recuerdo que en algún momento yo me había alejado de mis funciones y de mi permanencia en Ginebra, pues me estaba desempeñando como representante de la ONU y la OEA en Haití cuando varios países latinoamericanos y Suiza –que junto a Costa Rica impulsaban desde el comienzo la adopción de un Protocolo Facultativo encargado de realizar las visitas– me pidieron que presidiera el Grupo de Trabajo encargado de su redacción y en cierto momento formalizaron esa solicitud eligiéndome presidente del Grupo. Cuando me desplacé hasta Ginebra el día antes de la reunión, me encontré con que Elizabeth Odio Benito, ex embajadora, y ex vicepresidenta de Costa Rica y actual integrante de la Corte Internacional de La Haya, me dijo:

 –Leandro, yo he tomado las disposiciones necesarias para estar en condiciones de presidir este organismo y creo que Costa Rica ha realizado valiosos esfuerzos que le permiten aspirar al cargo para el cual los compatriotas latinoamericanos te han elegido.

Realmente Costa Rica no solo había promovido la creación del Alto Comisionado de Derechos Humanos sino que era el país latinoamericano que más había impulsado la convención y más tarde la elaboración del Protocolo. Entonces, le dije a Odio Benito, esa gran defensora de los derechos humanos:

–Obviamente, si vos aspirás a ello y Costa Rica, que tiene ese derecho histórico, te lo solicita, cómo no vas a poder presidirlo.

Creo que Naciones Unidas se sorprendió un poco, pero en realidad fue lógico que así fuera;  los países latinoamericanos jugamos un rol importantísimo en la reconstrucción del mundo de los derechos humanos.  Acá estoy viendo a Estela de Carlotto y me digo: por qué no empezamos a contar, de una vez por todas, estas cosas, por ejemplo cómo se elaboró la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, que es una enorme contribución de América Latina y en particular de Argentina al mundo. En nuestro caso, como hecho reparador por haber exportado, en el pasado, la tétrica metodología de las desapariciones forzadas de personas.

Le quisiera pedir también a Norberto Liwski que nos cuente –y por qué no, también que escriba–  sobre las múltiples oportunidades en las que en su condición de experto del Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas aplicó el artículo vinculado al derecho de los niños a su familia de sangre, que fue una iniciativa que las Abuelas pudieron impulsar dentro de la Convención de los Derechos del Niño y que dio lugar a una jurisprudencia muy importante no solo en Argentina sino también en el mundo.

También es importante recordar la Convención Interamericana contra la Tortura, que no agregó cuestiones significativas, pero acentuó la obligatoriedad y la cooperación en materia de extradición. Tuvo muchísimas dificultades para su implementación. En nuestro país entró en vigor en 1989; recuerdo que fue un debate muy largo, quizá en aquella época  el continente no estaba todavía maduro –paradójicamente– para aplicar esta Convención.

Otro hecho que me interesa recordarles es el que aconteció en los años 2001 y 2002, cuando yo presidía la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, tratamos cuestiones muy importantes, como fue abrir el camino para la creación del Grupo de Trabajo que habría de elaborar la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas y se dieron importantes pasos hacia la declaración de los derechos de los pueblos originarios. Un tema que me sorprendió profundamente fue la dificultad a la que nos enfrentamos para que se aprobara la resolución que prohibía la exportación de instrumentos de tortura y establecía la obligación de castigarla. ¿Ustedes pueden creer que lo que estoy diciendo es cierto? ¿Pueden creer que la resolución que prohibía, que planteaba políticas serias para extirpar de la faz de la Tierra la exportación de elementos de tortura, encontrara incontables obstáculos en su aprobación? Finalmente lo que se aprobó fue una suerte de recomendación, se pedía a los Estados que se abstuvieran de exportar instrumentos destinados a esas prácticas.

Desde hace unos años me he alejado del mundo internacional, porque mis tareas de Auditor General en Argentina me han obligado a ello (luego de seis años de haberme desempeñado simultáneamente como Relator Especial sobre la independencia de la Justicia) pero sigo preguntándome: ¿en qué agenda figura este tema?, ¿alguien lo propone, lo somete a discusión? Los autores del Genocidio contra los Armenios habían logrado que ese sintagma no pudiese utilizarse en el ámbito de las Naciones Unidas. ¿Está ocurriendo algo similar con la palabra “tortura”?

¿Qué país copatrocina la resolución que condena,  sanciona, y  establece mecanismos para evitar la fabricación y la exportación de elementos de tortura? ¿Cómo hacen los países para seguir torturando sin identificar el origen de los elementos con que la aplican? ¿Quién fabrica esos instrumentos? ¿Quién los compra? ¿Cómo se comercializan? Se tortura; sí, todos sabemos que se tortura y que para eso se utilizan elementos de tortura, pero quién asume la responsabilidad de decir: “sí, yo los fabriqué y los exporté como cualquier mercancía.  Entonces como auditor me pregunto: ¿dónde se contabilizan? ¿Por qué no figuran en el Presupuesto? Lo real es que se sigue torturando y se siguen fabricando  y exportando elementos de tortura; esto tendría que ser una de las preocupaciones centrales en el combate contra la tortura y la internacionalización de los mecanismos de lucha contra la tortura.

Lo dejo planteado para que  puedan llevar estas inquietudes y preocupaciones a cada uno de sus países y para que se pregunten y les pregunten, por ejemplo, dónde figura en el Presupuesto de la repartición policial el rubro estricto que  dice “Compra de Picanas”, “Compra de Instrumentos de Suplicio”, etc. ¿En qué registro siniestro y oculto encubren los países esta palabra para que nunca figure entre los gastos? Son ficticios desaparecidos que se escabullen de la contabilidad estatal para seguir presentes en nuestras cárceles y comisarías.

Me habría  gustado también tener tiempo para leerles un relato  sobre una experiencia que me conmovió muchísimo y que me fue referida por  un policía español en una de las tantas misiones que hice para las Naciones Unidas, en este caso en Guinea Ecuatorial. Es una historia  verídica, de un policía que va a realizar una detención pero se encuentra con que los acusados son dos personas mudas, con  enormes dificultades de comunicación. En el violento interrogatorio, que subía en intensidad a medida que se desarrollaba, estos chicos, que nunca habían hablado, lo hicieron solamente una vez y fue para autoincriminarse como autores del hecho por el cual se los estaba interrogando, y lo hacían con el propósito de que no siguieran torturándolos, lo cierto es que después se descubrió que la acusación era falsa. Lo notable de esta historia es que la única vez que hablaron en su vida  fue para decir que habían robado lo que no habían robado. El policía nos contó que la frustración fue tan contundente que renunció a la fuerza  y después de eso  se dedicó a contarle al mundo lo terrible y lo indigna que era la práctica de la tortura[1].

Muchas gracias.

[1] Este relato figura completo en la página Web: http://leandrodespouy.com/cuento-la-confesion-de-leandro-despouy.html