9º Conferencia Bianual de la International Association of Genocide Scholars – Análisis de caso del Genocidio de los armenios

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Análisis de caso del Genocidio de los armenios

Negacionismo en las Naciones Unidas

Leandro Despouy

9º Conferencia Bianual de la International Association of Genocide Scholars

Buenos Aires, 19 a 22 de julio de 2011

Abstract.

La  experiencia muestra que la lucha por la prevención del crimen de genocidio pasa, en gran medida, por su reconocimiento y sanción. Prueba de ello es la  creación de tribunales internacionales como el histórico de Núremberg y, más recientemente, los de la ex Yugoslavia, Ruanda, entre otros. Sin embargo, el Genocidio de los armenios, perpetrado hace 95 años por el Imperio Otomano y la República de Turquía, no ha sido reconocido por ese Estado, configurando un caso emblemático de negacionismo. En 1985, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó, a pesar de la férrea oposición del gobierno turco, el conocido informe del experto inglés Benjamín Whitaker, donde se califica el Genocidio de los armenios como el primero del siglo XX, lo que constituye el primer reconocimiento categórico a nivel internacional. A nivel académico, este Genocidio se ha transformado en algo indiscutible, pero no se suele evocar el reconocimiento de la Subcomisión. Asimismo, diversas instancias políticas están generalizando su condena pero se ha banalizado el reconocimiento de 1985 –favoreciendo la tesis turca, que siempre quiso ignorarlo–. El propio Secretario General de la ONU, hasta hoy, no se ha pronunciado terminantemente sobre este punto, alegando que son los órganos de las Naciones Unidas los encargados de hacerlo. Se gesta así, por el concurso de estas tres circunstancias –académicas, políticas y onusianas–, una suerte de negacionismo. En este trabajo analizo dichas circunstancias e incluyo propuestas concretas para revertir este proceso de regresivo en el interior de las Naciones Unidas.

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Introducción

En diciembre de 2010, pude decirle al presidente de Armenia, Serge Sarkisian, ante a muchos expertos que hoy están en esta Conferencia, que desde hace décadas he compartido la lucha de su pueblo, sus anhelos y empeño en el restablecimiento de la  justicia, la vigencia del derecho a la verdad y la condena del negacionismo. También le expresé que en el curso de ese camino habían ocurrido hechos de enorme significación para mi vida y que esos hechos me habían llevado a su país. Me refería al reconocimiento del Genocidio de los armenios por Naciones Unidas en 1985.

En la actualidad, la mención del tema “Genocidio de los armenios” es, en la ONU, casi inexistente y, al mismo tiempo, la documentación onusiana de la época en que se produjo el reconocimiento es prácticamente inaccesible. Tampoco este genocidio forma parte de actividades, publicaciones, comunicados, efemérides o declaraciones provenientes del Secretario General ni de la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio[1], que actúa en su ámbito desde 2001[2]. La única referencia onusiara realizada en forma periódica es la de la República de Armenia en la Asamblea General y en los organismos.

Antecedentes

En 1985, como miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU y como diplomático del gobierno del presidente Raúl Alfonsín, participé activamente del arduo debate que culminó con la aprobación del Informe del experto inglés Benjamin Whitaker, que consagró el reconocimiento internacional del Genocidio de los armenios por las Naciones Unidas. En ese momento se estaban dando los primeros pasos para la consolidación del principio de jurisdicción universal y transitábamos hacia un mundo en el que los derechos humanos serían el eje central de los procesos democráticos y de las relaciones entre los Estados.

El reconocimiento del Genocidio por la ONU tuvo gran alcance: a  partir de entonces cambiaron las relaciones de la República de Armenia con la Diáspora,  Turquía y el mundo. Países, parlamentos nacionales y regionales, presidentes –Miterrand y Alfonsín en 1986 y 1987– produjeron sucesivos reconocimientos del Genocidio y Turquía, desde 1987, tiene condicionado su ingreso a la Unión Europea por esta causa. También fue relevante el impacto en el orden internacional y en el campo de los derechos humanos. El principio básico en que se sustentó el reclamo de reconocimiento fue el derecho de los pueblos a la memoria, y su enunciación gestó, acompañó y profundizó la consagración del derecho a la verdad en tanto derecho inalienable, irrenunciable y vinculante para todos los Estados. En 2006, como relator de la ONU por la independencia de la Justicia  tuve a mi cargo la formulación jurídica de este derecho[3]. No obstante, la negativa de Turquía al reconocimiento impide a las víctimas y sus descendientes y a la República de Armenia que se ejecute su derecho a reparaciones y demás compensaciones individuales y colectivas.

El Genocidio de los armenios ha contribuído a la creación de instrumentos internacionales, jurisprudencia, y una gran diversidad de procedimientos., pero, a diferencia de la Shoá, es un caso que sigue abierto como consecuencia del negacionismo. Turquía produce una doble negación: por un lado niega la existencia misma del Genocidio; por otro, se niega a aceptar una negociación sustentada en su reconocimiento. Por el contrario, transformó la negación del Genocidio en el eje de su política exterior y también de su política interna. Creo que es un caso único en la historia; por ejemplo, el conflicto de Palestina ha suscitado negociaciones y, a pesar de que subsiste como conflicto, tiene otra dinámica.

Recapitularemos algunos hechos significativos en materia de derechos humanos al solo efecto de visualizar la secuencia que antecede al reconocimiento en la ONU: el Juicio de Núremberg se produjo entre 1945 y 1946. En 1946, las recién creadas Naciones Unidas aprueban por unanimidad, en su primer periodo de sesiones, dos resoluciones: se afirman los principios de derecho internacional reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Núremberg y la sentencia de ese Tribunal (Resolución 95-I). La Asamblea General, el 11 de diciembre de 1946, afirma por primera vez que el genocidio es un crimen de derecho internacional.

En 1947, se redacta en Naciones Unidas un documento confidencial para ser tratado por la Comisión de Derechos Humanos titulado “Informaciones sobre los derechos del Hombre resultantes de los procesos sobre los crímenes de guerra”. Aunque estaba referido a la Segunda Guerra Mundial, contenía un capítulo sobre el desarrollo jurisprudencial en materia de “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad” que habían tenido lugar durante la Primera Guerra y mencionaba la Declaración del 28 de mayo de 1915, suscripta por los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia, que hacía responsable al gobierno de Turquía de las matanzas contra los armenios y las calificaba como “crímenes contra la humanidad y la civilización”[4]. Este documento  motivó la creación de un subcomité en el seno de la Comisión, entonces presidida por Eleanor Roosevelt, que recomendó que fuera publicado. Pero allí se habla de “masacres” y no de “genocidio”. En 1948 es aprobada la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Genocidio, que entró en vigor el 12 de enero de 1951, cuando veinte Estados –entre ellos, Turquía­– la ratificaron.

El párrafo 30

En la ONU existen dos ámbitos para tratar la problemática de derechos humanos: uno intergubernamental, la Comisión de Derechos Humanos –desde 2007, Consejo–; y otro compuesto por expertos independientes elegidos en forma secreta: la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías –luego denominada Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos–. En 1971, la Comisión solicitó a la Subcomisión un estudio sobre la “cuestión de la prevención y castigo del crimen de genocidio”. El tema se discutió toda esa década con marchas, contramarchas y sondeos diplomáticos; el problema de fondo era si se calificaba de genocidio a las matanzas cometidas por el Estado turco contra los armenios, o no.

En 1973 y 1975 el primer Relator Especial, el experto ruandés Nicodème Ruhashyankiko, remitió dos informes preliminares  a la Subcomisión; ambos contenían un párrafo –el nº 30– que decía:

“En tiempos modernos, debe prestarse atención a la existencia de abundante documentación imparcial relativa a la masacre de los armenios, considerada como el primer genocidio del siglo XX”.

Pero en el informe final, presentado a la subcomisión en 1978 y remitido a la Comisión en 1979, el párrafo 30, que a esa altura era el único que contenía una mención del Genocidio de los armenios, había desaparecido del documento. Esto suscitó discusiones semánticas, presiones diplomáticas y disputas entre Estados, organizaciones no gubernamentales y grupos movilizados por la cuestión. El tema llevaba ya siete años. Se desató una ola internacional de protestas y desde el presidente de la Comisión hasta el gobierno estadounidense bajo la administración de James Carter pidieron una revisión del informe que contemplara la mención del tema armenio. El relator ruandés, que había incluído el tema del genocidio de los armenios en su informe, retiró esa mención a raíz de las presiones  y abandonó para siempre el ámbito internacional

Lo cierto es que los párrafos referidos al Genocidio, 28, 29 y 30 habían aparecido y desaparecido de informes preliminares y había sucedido algo impensable: que la Comisión de Derechos Humanos discutiera un informe de la Subcomisión antes de que fuera aprobado por ésta. Turquía y sus aliados habían logrado que el ámbito gubernamental alterara procedimientos en la ONU y además tuviera injerencia sobre un principio fundamental: la independencia de los expertos.

Aprobación del Informe de Benjamin Whitaker

 Recién en 1983 [Resolución 33/1983] la Comisión de Derechos Humanos elige un nuevo relator, el experto británico Benjamin Whitaker, miembro de la Subcomisión. En sendas resoluciones, la Comisión y la Subcomisión le solicitan a Whitaker que revise y actualice un estudio sobre genocidio. Con su elección se pretendía que el tema del Genocidio de los armenios fuera nuevamente sometido a discusión y, de esa manera, desandar y reparar lo que las presiones diplomáticas de Turquía y sus aliados habían logrado.

La diplomacia turca realiza una campaña internacional centrada en tres temas: a) la negación del Genocidio, a partir de retomar la vieja tesis de que las condiciones creadas por la guerra hacían necesaria la deportación; b) Turquía plantea que un informe de la ONU en el sentido del propuesto incrementaría actos del terrorismo[5]; c) se basa en una cuestión de procedimiento y dice que el nuevo relator está impedido de reflotar el informe del anterior, soslayando el hecho de que el nuevo relator, Whitaker, tenía el mandato de “revisar y actualizar” el informe anterior en su totalidad.

En abril de 1984, el Tribunal Permanente de los Pueblos –un tribunal de opinión heredero del Tribunal Russell– hace responsable a Turquía de haber cometido un genocidio contra los armenios.

Durante dos años, la Subcomisión discute el tema y se suceden presiones diplomáticas y tergiversaciones semánticas, desaparece documentación, etc., hasta que el informe queda listo e inscripto en el orden del día para su tratamiento. Es agosto de 1985 y en Buenos Aires se ha iniciado el Juicio a las Juntas Militares; la situación internacional ha cambiado y el contexto internacional es favorable al debate que se realizará en la Subcomisión.

La resolución[6] relativa al informe de Whitaker –cuyo párrafo 24 incluye el Genocidio de los armenios– fue aprobada el 29 de agosto de 1985 por la Subcomisión, presidida por la experta griega Irene Daes, por 14 votos a favor, 4 abstenciones y un voto en contra[7]; Whitaker no votó por razones éticas. Esa sesión, en la que intervine junto a Louis Joinet y Theo van Boven, entre otros expertos, tuvo un innegable carácter histórico.

Se presentaron dos proyectos de resolución: L.15 y L.16. La estrategia de desdoblar la aprobación del informe en dos resoluciones fue acertada. La primera [L.15) se refería al cuerpo del informe y contenía una mención expresa al Genocidio de los armenios. La segunda [L.16], se refería a sus recomendaciones. Sabíamos, por el tenor del debate, que la segunda tenía altas probabilidades de no ser aprobada; por ello centramos el esfuerzo en aprobar la primera y salvar el informe.

En el proyecto de resolución L.15 se “toma nota” del informe, se “felicita y agradece” al Relator y se “recomienda” que los Estados miembros aceleren la ratificación de la Convención sobre Genocidio. Esta resolución (1985/9) se aprueba luego de un debate feroz e interminable que se prolongó durante casi los 30 días de la sesión. El riesgo mayor, una enmienda reprobatoria introducida por sus detractores, fue rechazada a último momento y se mantuvieron las felicitaciones y agradecimientos al relator por la labor realizada [8]. Es el fin de una batalla diplomática sin precedentes librada en el seno de las Naciones Unidas y quizás uno de los debates más ricos, apasionantes y agotadores de los que  registra la historia de la organización.

Los argumentos de la diplomacia turca para descalificar el contenido del informe y el procedimiento de aprobación se centraron en tres explicaciones:

Primero: la divergencia de opiniones entre los expertos. Este hecho, que era cierto, no estuvo referido a la negación del Genocidio sino a la supuesta falta de competencia de la Subcomisión para abordarlo. Ello, en un contexto internacional de Guerra Fría y ante  el temor de muchos países a procesos similares  de apertura y revisión de su propia historia.

Segundo: que el informe no había sido aprobado y la Subcomisión sólo “tomaba nota” de él. Este argumento encierra una falacia, ya que “tomar nota” es una fórmula de rigor que se utiliza en la Comisión y en la Subcomisión para referirse a los informes que se tratan en sus respectivos ámbitos. Así, se pretendía negar el sentido positivo del trámite procesal que se desarrolló en la Subcomisión y que fue el más largo y controvertido de su historia.

Tercero: la Resolución aprobada no disponía que el Informe se transmitiera a la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico Social. Aunque verdadero, esto era irrelevante, ya que el informe completo de los trabajos de la Subcomisión fue sometido a consideración de la Comisión en su período de sesiones febrero-marzo de 1986. La omisión también fue deliberada ya que los expertos sosteníamos que si había sido difícil incluir la mención del Genocidio de los armenios en la Subcomisión, la situación en la Comisión, por su carácter gubernamental, hubiera sido adversa y, de todos modos, el informe de Whitaker iba a ser tratado cuando se aprobara el informe general sobre los estudios de la Subcomisión.

Conclusiones

Me he permitido recordar este extenso proceso por el que el Genocidio de los armenios fue reconocido en las Naciones Unidas en 1985, no sólo porque hoy es muy poco conocido, a raiz de las distorsiones introducidas por el negacionismo, sino porque en ese momento tuvo una enorme repercusión internacional y representó un verdadero cambio cultural en las concepciones y el comportamiento de la Diáspora que, a partir de ahí pudo evocar sin limitaciones la tragedia vivida y silenciada durante más de cincuenta años. Entiendo que este hecho es trascendental y marcó un antes y un después porque desde entonces se sucedieron con rapidez y regularidad pronunciamientos múltiples de países, parlamentos, organismos, etc. reconociendo el Genocidio de los armenios.

Aquel reconocimiento –hoy ignorado– rompió los portones del negacionsimo, legitimó y dio contenido político a las luchas y reivindicaciones por el reconocimiento, y lo transformó en un condicionante de las relaciones de Turquía con el mundo. Sin aquel antecedente y la movilización que creó, difícilmente la Unión Europea podría haber planteado, en 1987, el reconocimiento del Genocidio como exigencia para aprobar la incorporación de este país.

No fueron las revelaciones académicas las que abrieron al mundo las puertas del reconocimiento. Lo que las abrió y permitió los primeros pasos en la escena internacional fue el reconocimiento en las Naciones Unidas. Por eso es tan importante recordarlo y, sobre todo, defenderlo, difundirlo y proyectarlo

Y si bien la diplomacia turca no intentó reabrir este debate en la ONU, su política negacionista ha transitado por otros carriles. Prueba de ello es que ninguno de los expertos del Secretario General de la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio hablan del Genocidio de los armenios o soslayan el tema. Los sucesivos secretarios generales no se han pronunciado sobre este reconocimiento, que implicaría disponer de una herramienta fundamental a la hora de participar en una mesa de negociaciones entre Armenia y Turquía y, sin duda de un arma de peso en la prevención de genocidios.

El negacionismo es la antinomia de la solución pacífica de controversias. La experiencia lo muestra y bien sabemos sobre sus perniciosos efectos y su nefasta perdurabilidad tanto en el nivel internacional, donde las relaciones políticas y económicas con el mundo se ven trabadas en los países que lo practican; como en el nivel nacional, donde imponer el negacionismo significa necesariamente socavar el Estado de derecho, exaltar las prácticas represivas, la persecución, amordazar la justicia y, al mismo tiempo, favorecer su repetición,.

Propuesta de resoluciones de la 9ª Conferencia Bianual de la International Association of Genocide Scholars:

 

  • Incluir en la declaración o documento final un párrafo que plantee que las Naciones Unidas y otros organismos internacionales deberían luchar contra todas las formas de negacionismo y evitar sus nefastas consecuencias;
  •  Requerir a los representantes del Secretario General de las Naciones Unidas que cumplen su mandato en la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio que reconozcan en sus manifestaciones que el genocidio cometido contra los armenios entre 1915 y 1923 fue reconocido por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en 1985, como el primer genocidio del siglo XX.

 

[1] Disponible en URL: http://www.un.org/es/preventgenocide/adviser/index.shtml

[2] El mandato fue creado en 2001 por el Consejo de Seguridad (Resolución 13.166). Entre 2004 y 2007, fue asesor el argentino Juan Méndez. Sus actuales titulares son Edward Luck y Francis Deng (2007).

[3] Despouy, Leandro. Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas. El Informe reseña los aspectos más significativos de este derecho y las vicisitudes históricas por las que atravesó hasta lograr su consagración jurídica y su proyección universal como un derecho autónomo e inalienable y como componente indisoluble del derecho a la justicia. Cuando se han llevado a cabo violaciones manifiestamente graves de los derechos humanos y del derecho humanitario, los Estados tienen la obligación positiva de arbitrar mecanismos judiciales y extrajudiciales para el conocimiento de la verdad y la  reparación de las víctimas. Esa es una obligación que trasciende los imperativos estrictos del Estado de derecho, para situarse también en el plano ético y moral de toda sociedad, en la medida en que el conocimiento de la verdad es, además de un derecho, el único camino que permite restaurar la dignidad de las víctimas.

E/CN.4/2006/52 Capítulo III “Administración de justicia y derecho a la verdad”.

[4] En 1915, en conocimiento de lo que estaba sucediendo con los armenios en Turquía, hubo un compromiso de Francia, Inglaterra y Rusia de juzgar a los responsables de esos “crímenes contra la humanidad”; pero esto no sucedió. En 1919, en la Conferencia de Paris se interpretó que las instituciones y la legislación internacional no eran adecuadas para hacerlo; el corpus legal de la Conferencia establecía la posibilidad de juzgar crímenes cometidos entre estados, pero no los perpetrados contra sus propios habitantes –y los armenios eran súbditos otomanos–.. Y aunque establecía la creación de un tribunal, tampoco fueron juzgados en virtud del Tratado de Sèvres (1920); ni prosperó una contradictoria iniciativa de juzgamiento de Gran Bretaña, bajo su legislación; los prisioneros en su poder, en Malta, fueron devueltos a Ankara y liberados. Las cortes marciales dispuestas por el gobierno otomano (1918-1922) que establecieron condenas –algunas pocas se llevaron a cabo– fueron levantadas por el Movimiento Nacionalista Turco y sus archivos –ocultos, dispersos, incompletos, destruídos o robados, según el historiador Taner Akcam– serían una de las fuentes importantes para ratificar el planificado aniquilamiento de la población armenia. Muchos de los incriminados recibieron altos cargos en el gobierno nacionalista. En la Conferencia de Lausana (1922-23)  todos los criminales fueron amnistiados.

[5] Se habían producido algunas acciones armadas de grupos armenios contra diplomáticos turcos.

[6] “Versión revisada y actualizada del Estudio sobre la cuestión de la prevención y represión del crimen de genocidio, elaborado por M.B.Whitaker” E/CN.4/Sub.2/1985/6 Y E/CN.4/Sub.2/1985/6/Corr.1

[7] Se abstienen Alfonso Martínez, de Cuba; Al-Khasawneh, de Jordania; Chowdhury, de Bangladesh, y Dahak, de Marruecos. El  voto en contra es el del experto ruso Sofinsky.

[8] En el proyecto de resolución L. 16, un cierto número de propuestas y recomendaciones contenidas en el Informe son elevadas a la Comisión de Derechos Humanos. Entre ellas, la modificación de la Convención sobre Genocidio y la creación de una Corte de Derechos Humanos con competencia penal internacional. El proyecto L.16 no fue aprobado. Es lamentable porque proponía modificaciones a la Convención sobre Genocidio que todavía no han sido consideradas. La otra recomendación se adelantó 15 años a la creación efectiva de la Corte Penal Internacional, pero entonces el mundo no estaba preparado para semejante empresa.